DECÍAMOS AYER...

El "acuerdazo" sindical. Desconcierto en la educación aragonesa APS y las medidas para..... APS a favor de los itinerarios

El "acuerdazo sindical" (2002)

Conforme las sociedades humanas van evolucionando, crece en ellas la preocupación por ofrecer a todos sus miembros las mismas oportunidades. Intentan reducir las desigualdades que los individuos y grupos sufren y, para ello, están empeñadas en la lucha contra todo tipo de discriminación. Incluso se ha extendido el concepto de discriminación positiva, que intenta compensar las dificultades de origen (historia, medios, mentalidad, usos) que a un determinado grupo social pueden impedirle la posibilidad de competir en verdadera igualdad de oportunidades con grupos que por diversas circunstancias están mejor situados. De esta idea participa la inmensa mayoría de instituciones, partidos políticos, asociaciones. Pero, cuando se trata de elecciones sindicales, la Consejería de Educación de la D.G.A. y los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública , UGT, CCOO, CSIF y STEA . no parecen practicarla. Porque una cosa es predicar....

El día 4 de diciembre hay elecciones sindicales en lo que se ha dado en llamar, desgraciadamente, Enseñanza no universitaria.. La Administración y algunos sindicatos se han reunido y llegado a un acuerdo, voluntario y que compromete a los firmantes, para "regular aquellos aspectos que las normas electorales no han contemplado así como complementar aquellos otros que se dejan a voluntad de los distintos actores del proceso" (B.O.A., 29 Septiembre de 2000)

En él, se reconoce la necesidad de disponer de medios humanos para el cumplimiento de las obligaciones y deberes que las organizaciones sindicales tienen en el proceso electoral. (Cláusula cuarta). Al llegar a este punto, se les olvida todo su bonito y florido discurso. De igualdad de oportunidades, nada de nada. De discriminación positiva, menos. Dan más a los que más tienen (que tienen mucho) y, lo peor, no dan nada a los que menos tenemos. Y se quedan tan tranquilos.

 A.P.S.(Asociación de Profesores de Secundaria) es un sindicato modesto, independiente y profesional, que a duras penas pudo presentarse a las anteriores elecciones sindicales por la provincia de Zaragoza. Sin apenas medios, sin estructura ni aparato, "un grupo de amigos", como nos llamaba amablemente un sindicato mayoritario, consiguió excelentes resultados (tenemos tres representantes en la Junta de Personal de la provincia de Zaragoza). Ello, por supuesto, no es mérito suficiente para ser invitados a esas reuniones "semiclandestinas" y, mucho menos, para disfrutar de alguno de los beneficios que con tanta generosidad ellos se reparten.

 El "acuerdazo" dificulta enormemente la posibilidad de completar nuestras candidaturas por Huesca y Teruel. y pone en peligro la presencia de A.P.S. en la Mesa Sectorial, donde se negocian los asuntos relacionados con la enseñanza pública. Si la voz de los Profesores de Secundaria (los antiguos profesores de Bachillerato y F.P.) no llega a esos ámbitos, algo de culpa tendrán la Administración educativa aragonesa y los Sindicatos mayoritarios que, por un instante, han olvidado la necesaria lucha contra la discriminación. ¿No deberían dar ejemplo en la práctica de lo que tanto predican, unos en los despachos y otros en las aulas?

 A partir del día 16 de octubre, los sindicatos visitarán los Institutos y explicarán a los claustros sus propuestas educativas. Los profesores de APS no estarán allí, porque el "acuerdazo" no se lo permite. Se conoce que algunos tienen una idea muy peculiar de lo que significa el término igualdad de oportunidades.

 


Desconcierto en la educación aragonesa (2002)

 

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la intención del gobierno autonómico de Aragón de destinar entre los años 2003 y 2005 casi 12 millones de euros a la financiación de centros privados concertados que imparten o pueden hacerlo el tramo de la educación infantil comprendido entre los 3 y los 6 años de edad. Comoquiera que por ahora la ley no obliga a la financiación de la educación infantil, todavía voluntaria, aunque mayoritariamente elegida por las familias españolas, no parece una prioridad transferir dinero público a empresas privadas para que se ocupen de esa tarea.

Una de las críticas que está recibiendo el anteproyecto de Ley de Calidad ha sido precisamente la de que de ella puede derivarse la asignación de fondos públicos a la enseñanza privada. No obstante, debe recordarse que el documento no contempla la financiación a la privada concertada en edades que llegan hasta los seis años y únicamente recoge que "Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en los centros sostenidos con fondos públicos para atender a las demandas de las familias". Aunque algunas comunidades, Cataluña o el País Vasco, subvencionen hoy la práctica totalidad de la escuela infantil , otras como Andalucia están en las antípodas y no destinan dinero a esa financiación privada. En cualquier caso del documento ministerial no se deduce necesariamente que la gratuidad consista en asignar a la enseñanza concertada unos fondos de los que muy bien podría disponer la pública.

Los titulares de ciertos medios han insistido en que son las comunidades afines al partido socialista las que menos dinero destinan a los conciertos y las cercanas al partido hoy en el poder las más espléndidas en la asignación de recursos. Si se sitúa ahí a Convergencia o al PNV resulta una afirmación cuando menos aventurada (no debe olvidarse que el acuerdo en la Comunidad vasca se firmó en tiempos de total sintonía entre el PSE y PNV y que el partido de Pujol ha coqueteado antes y hora con los gobiernos centrales sea cual fuere su color). Exceptuado el caso andaluz, reticente a sufragar los gastos de la escuela privada, y siempre en la órbita socialista, en el resto de las comunidades las oscilaciones son poco significativas por lo que cabe colegir que gobierno y oposición caminan por la misma senda.

Diversas opiniones vertidas al respecto han calificado la iniciativa del gobierno aragonés como desconcertante. Quizá lo sea para los no avisados, pero no lo sería tanto si se atendiera a lo que pueden suponer los pactos con fuerzas políticas no del todo afines. La adscripción del socialismo a la escuela laica pública y la defensa que históricamente (me refiero a la época que va desde la ILE hasta la instalación del felipismo) se ha hecho de esa opción frente al sector privado, religioso o no, se ha venido abajo, posiblemente por imposición del PAR, formación que a decir de uno de sus dirigentes "tiene en su programa electoral el apoyo a la privada concertada, que está prestando un servicio público que beneficia a 2.000 ó 3.000 familias aragonesas". Las manifestaciones de los mandatarios políticos a favor de la subvención o las de los dirigentes sindicalistas afines en contra no son más que hojarasca para tratar de enmascarar la gravedad de una medida muy perjudicial para la enseñanza pública.

Adviértase así mismo el alborozo con que la Ministra de Educación ha acogido la iniciativa aragonesa puesto que ha encontrado en un gobierno teóricamente de oposición un seguidor incondicional y aventajado de las líneas del proyecto o el desparpajo con que otro miembro del gobierno de Aragón ha declarado, con el consiguiente desconocimiento del sentir general, "el debate de la escuela pública y la concertada se superó después de la aprobación de la Constitución". También induce a la desconfianza en las ventajas que la iniciativa puede tener para la escuela pública el que el presidente de SITE, el único sindicato que se proclama integrado exclusivamente por miembros de la privada, se jacte de que gracias a su quehacer los centros privados hayan conseguido al fin la subvención.

La financiación a la escuela privada mediante conciertos o convenios fue fruto de una situación de hecho en los años del tardofranquismo o la transición. Entonces la abundancia de centros religiosos y en menor grado de otros privados hacía necesario su concurso para cubrir las necesidades educativas de un país en el que los centros públicos no tenían la cobertura suficiente. Hoy la situación ha cambiado y en la actualidad ya no son imprescindibles: el pluralismo político y religioso que impera en nuestra sociedad convierte en meras anécdotas el que en un centro se ofrezca la religión católica, que en otro pueda haber mayor disciplina y control de los alumnos o que crea contar con instalaciones "de calidad". Por ello cualquier dinero destinado a la escuela privada es, en cierto modo, un despilfarro puesto que retrasa o impide el desarrollo de la red estatal.

Quizá no sea inútil advertir que en España la educación pública obligatoria, alrededor del 66%, no llega ni de lejos a las cifras de otros países de nuestro entorno como los escandinavos, en donde alcanza porcentajes comprendidos entre el 90 y el 95% , o el caso alemán en que se sitúa en el 100% o la más cercana Francia en que el 80% de los jóvenes acude a centros escolares estatales. A título de ejemplo conviene recordar que el Estado emplea en pagar sueldos a los profesores de religión que operan en los colegios públicos aproximadamente unos 50.000 millones de pesetas por curso repartidos entre el gobierno central y las correspondientes consejerías autonómicas. Esa cifra, ya de por sí elevada, queda ridícula si se compra con lo que cuestan los conciertos con las instituciones eclesiales, unos 420.000 millones en subvenciones, algo más del 85% de lo que el Estado aporta para toda la enseñanza privada concertada; en ese montante entran las subvenciones por módulo, las nóminas de los docentes y, además, una partida para administración de centros que el Estado no controla totalmente.

Esos gastos tienen una influencia negativa en la etapa que más nos preocupa: la Secundaria Obligatoria ya que hay en ella asuntos, y no de menor calado, que están igualmente desatendidos. Todavía no se ha dado solución a la situación del profesorado mayor de 54 años que ya hace varios años desea ver reducido su horario lectivo; todavía produce estupor ver cómo si alguien cae enfermo por un plazo que oscile entre la semana y los quince días, los alumnos de los centros públicos se quedan sin clase; todavía no se cuenta con laboratorios de idiomas que permitan elevar el nivel de competencia del alumnado en lenguas extranjeras; todavía la ausencia de gimnasio o polideportivo obliga a nuestros jóvenes a estar la la intemperie buena parte del invierno en unos patios que a veces presentan un estado de lamentable descuido.

 

El dinero público no está para sufragar la iniciativa privada y menos en un tramo de educación no obligatorio, aunque la ley aluda a su gratuidad; primero hay que ocuparse de la extensión, con los niveles adecuados de calidad, de la educación obligatoria y pública a toda la red del estatal, más tarde a la creación o habilitación de centros que puedan ocuparse de la infantil y solamente en el caso improbable de que posteriormente hubiera excedentes económicos deberían establecerse convenios en aquellas zonas a las que la escuela pública no pudiera llegar. Hay, pues, numerosas necesidades que atender en la escuela pública antes de asignar el dinero del Estado a entidades particulares. Un gobierno que añadiera a la denominación de socialista prácticas acordes con ese nombre no habría tomado una decisión de tal magnitud.

Alejandra Gallardo Palomo.Profesora de Instituto y Delegada Sindical de la Asociación de Profesores de Secundaria (A.P.S.- Aragón).

 


APS y "Las medidas para....." (2003)

Postura de la Asociación de Profesores de Secundaria ante la presentación por la Ministra de Educación en rueda de prensa de las "Medidas para potenciar la carrera docente en el borrador de anteproyecto de Ley de Calidad"

A.P.S. Aragón manifiesta su radical disconformidad con las medidas para potenciar la carrera docente anunciadas por la Ministra el día 24 de Abril en rueda de prensa. El conjunto de las mismas es una mezcla de desaciertos, errores y vaguedades que refleja una equivocada percepción de la realidad docente y muy escasa voluntad de afrontar la reforma de la actual situación educativa.

El documento no establece una verdadera carrera docente. Un Catedrático de Instituto no tiene ninguna posibilidad de promoción docente.

Se niega a los titulados superiores la posibilidad - presente en el resto de la Administración- de acceder al primer escalón de la supuesta carrera docente.

Rechazamos enérgicamente la prioridad que se otorga a los Catedráticos de impartir con preferencia el Bachillerato. Reclamamos el mismo derecho para los antiguos Profesores Agregados de Bachillerato, derecho obtenido por oposición y sancionado por la ley.

Pedimos que para el acceso al Cuerpo de Catedráticos se establezca una doble vía:

a) concurso-oposición

b) méritos y antigüedad

Rechazamos también la propuesta ministerial de reducción del horario a los mayores de 55 años con el consiguiente quebranto económico. Proponemos que la reducción voluntaria del horario lectivo se compense con la dedicación a otro tipo de tareas dentro de los centros, y todo ello sin merma económica.

Solicitamos la derogación de la transitoria cuarta de la L.O.G.S.E.

En el documento se desatiende por completo la necesaria oferta de cursos para la actualización científica de los profesores.

A.P.S. considera que las medidas anunciadas no son el camino para el establecimiento de una carrera docente que satisfaga las aspiraciones del Profesorado de Secundaria.

 


APS a favor de los itinerarios (2003)

Respecto al "Documento de Bases de la Ley de Calidad" que ha dado a conocer recientemente el Ministerio de Educación queremos hacer público lo siguiente:

a) El establecimiento de la diversidad de vías e itinerarios en 3º y 4º de Secundaria, es decir, a la edad de 14 ó 15 años nos parece adecuado para que, atendiendo a sus intereses, los alumnos opten por la formación académica más idónea para su futuro, teniendo en cuenta que no se cierra la puerta a una nueva elección si sus intereses varían con el tiempo.

b) Nuestro sindicato, ya desde su constitución, rechazó la promoción automática; de ahí que no debamos sino saludar que en el anteproyecto se haga explícito que el alumno con tres o más suspensos no pueda matricularse en el curso siguiente; al realzar el valor académico de la educación se acabará de una vez el enjuiciamiento habitual de IES igual a "guardería juvenil".

c) Tal vez hubiera sido necesaria una prueba -por supuesto no selectiva- para cerciorarse del grado de competencia en lectura y escritura del alumno al finalizar la Educación Primaria ya que los conocimientos, en caso de no ser suficientes, suelen lastrar la formación progresiva del alumno.

d) La "profesionalización" del cargo de Director acarreará problemas de convivencia en los Centros. Si no imparte clases carecerá del conocimiento efectivo del alumnado para realizar su cometido y como mero representante de la Administración se alejará de las preocupaciones educativas del profesorado. Hubiera sido suficiente otorgarle mayores competencias disciplinarias respecto a los alumnos, lo que indudablemente solventaría muchas de las actuales dificultades por las que la convivencia diaria pasa hoy en los Centros y conferir al Claustro de profesores la potestad de su elección.